CARPE DIEM

La ciudad de la resistencia

NÉSTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS

Contrario a lo que la mayoría cree, el poder no siempre se sostiene sobre la fuerza de las bayonetas. El siglo XX nos enseñó que existe un arma mucho más poderosa que la espada: el control de la narrativa.

A través de la historia hemos visto que aquellos que han logrado el control para definir el sentido de las palabras tiene la mitad del camino recorrido, y ganado hacia la conquista del poder. La historia también nos ha enseñado que no se trata únicamente de gobernar, sino de convencer a la sociedad de que una determinada ideología es la única legítima.

Un sociólogo admirado y seguido por la izquierda, el italiano Antonio Gramsci, llamó a este fenómeno la “hegemonía cultural”. No es tan complicado: un grupo triunfará cuando consiga que sus intereses particulares sean percibidos como del interés general. Una vez en ese camino, quien se atreva a cuestionar la narrativa dominante será tachado de traidor a la patria, conservador, neoliberal, porfirista, capitalista y muchos otros adjetivos que grupos como la Sección 22 guarda en su repertorio y que con ello han convertido a Oaxaca en el peor de los ejemplos.

Durante décadas, grupos de agitadores políticos y sociales, lograron construir una narrativa en la que cualquier movilización era presentada automáticamente como una expresión legítima de lucha popular. Las afectaciones económicas, los bloqueos, la suspensión de clases o los daños a terceros quedaban relegados a un segundo plano frente a una narrativa épica que hablaba de soberanía, resistencia, dignidad y transformación social.

La propia expresión “Ciudad de la Resistencia”, utilizada por el magisterio para referirse a Oaxaca, ilustra perfectamente este mecanismo. A primera vista parece una frase inocente, incluso romántica. Sin embargo, detrás de ella existe una poderosa operación simbólica: presentar a un grupo político o social como representante de toda la sociedad oaxaqueña.

La ignorancia va de la mano de la Sección 22 y es necesario darle contexto al robo de la frase. La “ciudad de la resistencia” se refiere originalmente a una ciudad del norte de Argentina que, a finales del siglo XIX, tuvo una “resistencia heroica” de los blancos contra las poblaciones indias que reclamaban los territorios despojados por los emigrantes europeos.

El plagio no es una acción inocente y la historia lo demuestra. Quien se autodefine como resistente, de inmediato se atribuye una superioridad moral y, quien se atreve a cuestionarlo es presentado de inmediato como un enemigo al que hay que quemar vivo en alguna hoguera porque es un enemigo del pueblo y, por tanto, aliado de los conservadores. De esta manera, la discusión deja de centrarse en los resultados concretos para trasladarse al terreno emocional, en donde ellos siempre ganaban. Hoy las redes sociales les demuestran que ya no es así.

Durante veinte años predominó la narrativa que describía lo del 2006 como una insurrección popular y democrática. Sin embargo, con el paso de los años han ido surgiendo otras evidencias y, sobre todo la verdad porque mucha gente se pregunta que beneficios concretos obtuvo Oaxaca después de meses de destrucción, parálisis económica y deterioro institucional. No debemos dejarnos llevar por lo simbólico, por las promesas e idealismo inútiles, sino por los resultados obtenidos.

No hay duda, la narrativa construida en 2006 posibilitó la llegada al poder político del grupo que hoy nos gobierna. Los protagonistas de entonces ocupan hoy las posiciones del poder. Esto permite observar un fenómeno recurrente en la historia: las narrativas no solo sirven para movilizar personas; también sirven para construir legitimidades que posteriormente pueden transformarse en capital político.

La batalla de hoy se libra en las redes sociales, y un breve vistazo deja ver claramente que una inmensa mayoría los rechaza. Miles de perfiles reales y falsos participan diariamente en una disputa permanente por definir qué acontecimientos deben indignar a la sociedad, cuáles deben ignorarse y quién tiene derecho a ser considerado víctima o héroe. A pesar de la baja escolaridad de una inmensa mayoría y de la falta de herramientas de análisis crítico, las opiniones les resultan contrarias simple y sencillamente porque, mientas los profesores cobran puntualmente, la gente lucha día a día por un ingreso. Los discursos simplificadores y relatos lacrimosos de algunos profesores en las redes ya no conmueven a la gente.

Toda esta manipulación de la narrativa tiene a Oaxaca en el estado en el que está y al país en la agonía económica que atraviesa. La falta de capacidad de la gente para distinguir entre los hechos verdaderos y el relato del discurso político tiene al país sumido en la violencia y en la desesperanza.

nestoryuri@yahoo.com

CARPE DIEM

Un estadio, una plaza comercial y una polémica

NESTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS

La construcción del nuevo estadio “Eduardo Vasconcelos” y del centro comercial “Parque Oaxaca”, en la icónica Calzada Porfirio Díaz de la colonia Reforma, ha desatado una resistencia que, para observadores externos o meramente pragmáticos, podría parecer desproporcionada. A escala nacional, ninguna de las dos obras es monumental; sin embargo, el debate local les ha dado una dimensión enorme: miles de discusiones en redes sociales, la toma simbólica del estadio y protestas vecinales contra la plaza comercial.

Desde mi punto de vista, ambas obras tienen una balanza positiva, aunque los problemas que muchos señalan son reales y no deben minimizarse.

El nuevo estadio existe gracias a la inversión privada impulsada por Alfredo Harp Helú y su pasión por el béisbol. Si esta obra se hubiera construido en el Istmo de Tehuantepec, encontraría una lógica histórica más clara, porque en esa región el béisbol forma parte de la identidad colectiva desde finales del siglo XIX. Como ocurrió en el norte del país, este deporte llegó de la mano de ingenieros estadounidenses vinculados al Ferrocarril Interoceánico y a las zonas petroleras de Coatzacoalcos. Mucho antes de que la capital tuviera un equipo organizado, en el Istmo ya existían ligas regionales consolidadas.

En los Valles Centrales, en cambio, el béisbol nunca se integró plenamente a la identidad popular. Durante décadas fue una práctica asociada principalmente a sectores medios y altos. Nunca tuvo el arraigo social que sí alcanzó, por ejemplo, el básquetbol en la Sierra Juárez. Esa falta de interés también explica la histórica ausencia de infraestructura deportiva como la que hoy se inaugura.

El fenómeno actual del béisbol en la capital oaxaqueña no es orgánico; es el resultado de un proyecto cultural y deportivo impulsado por el capital privado y la filantropía. El verdadero quiebre histórico ocurrió en 1996, cuando Harp Helú adquirió la franquicia de los Guerreros de Oaxaca y trasladó a la ciudad una plaza de la Liga Mexicana de Beisbol.

El estadio representa una obra importante para Oaxaca porque dota a la ciudad de infraestructura profesional y de un espectáculo de primer nivel. Sin embargo, también genera problemas evidentes. Cuando el antiguo estadio fue construido, en 1950, se encontraba prácticamente en los límites urbanos; hoy está rodeado por una de las zonas con mayor densidad comercial, escolar y vehicular de la ciudad. El colapso vial en días de juego es previsible. También lo son la privatización informal del espacio público mediante ambulantaje y los “viene-viene”.

A ello se suman la contaminación sonora y lumínica. Un estadio moderno está diseñado para el entretenimiento masivo: música, luces, vibraciones y ruido. Todo ello afecta tanto a los habitantes como a la fauna urbana.

El beneficio patrimonial que los Harp aportan a Oaxaca es innegable: dinamiza la economía, fortalece la oferta cultural y moderniza parte de la ciudad. Pero su ubicación actual resulta cada vez más insostenible bajo criterios contemporáneos de movilidad y habitabilidad urbana.

En menor escala, la construcción de la nueva plaza comercial también ha provocado fricciones, particularmente por las denuncias de presión hacia propietarios que no quisieron vender sus predios. Ellos tienen pleno derecho al respeto de su decisión y a la protección de sus derechos por parte de las autoridades.

Aun así, los beneficios económicos y urbanísticos también son evidentes: aumento de plusvalía, renovación de infraestructura y consolidación de un corredor urbano que conectará el zócalo, al Llano, Jalatlaco y la Ciudad de las Canteras.

Para entender la resistencia a estas obras hay que reconocer que el espacio urbano no es un vacío neutral, sino un campo de disputa social y política. Quienes se oponen a la plaza comercial ven en ella la sustitución de una memoria urbana por un bloque asociado al consumismo y a la gentrificación. En una ciudad marcada por el estrés hídrico y la crisis de residuos, la llegada de un gran centro comercial despierta sospechas inmediatas sobre el uso y control de recursos básicos.

Pero existe un elemento aún más profundo: la narrativa política de la protesta en Oaxaca. Aquí, la movilización social no solo es un mecanismo de presión; también es una forma de entender la ciudadanía y la legitimidad pública. Durante décadas, grupos como la Sección 22 moldearon una conciencia colectiva donde la resistencia otorga superioridad moral frente a quienes apoyan proyectos de modernización. Bajo esa lógica, el estadio o la plaza comercial no son vistos como símbolos de desarrollo, sino como expresiones de un modelo global que amenaza con homogeneizar la identidad urbana de Oaxaca. Esas obras son bienvenidas.

nestoryuri@yahoo.com

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Mafias y gobierno

NÉSTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS

La consolidación de nuevos grupos de presión en Oaxaca ya no puede aceptarse sólo como un asunto sindical o gremial. Lo que se perfila es algo más grave: la expansión de estructuras paralelas de control económico, político y territorial que avanzan al amparo de la debilidad institucional y de una peligrosa coincidencia entre intereses gubernamentales, corporativos y, en algunos casos, criminales.

La aparición reciente de la ASAEO, la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca, es una señal inequívoca. La organización creció con la incorporación de miles de transportistas en distintas regiones y, al mismo tiempo, fue legitimada por el gobierno estatal como interlocutora en la discusión de la nueva Ley de Movilidad. El dato no es menor: mientras gana fuerza en la calle, también gana asiento en la mesa del poder. El mensaje es claro: gobierno y mafias van de la mano.

El problema no es la existencia de organizaciones sociales. El problema es que algunas dejan de representar demandas legítimas y se convierten en aparatos de extracción económica, control territorial y chantaje político. En contextos de pobreza estructural y de Estado débil, esas redes no sólo sobreviven, se multiplican. Oaxaca reúne demasiadas de esas condiciones: nula industrialización, escasa generación de riqueza y una dependencia histórica de estructuras corporativas que han aprendido a vivir del conflicto. Aquí no se crean condiciones para la producción de riqueza, pero si para el extractivismo y el clientelismo político con miras a las elecciones de 2027.

Por eso no sorprende que en Oaxaca proliferen organizaciones dedicadas a disputar rutas, calles, permisos y cuotas de movilización política, mientras siguen siendo una excepción los movimientos capaces de empujar desarrollo científico, innovación o tecnología. Demasiada energía colectiva se consume en pelear por rentas, privilegios y espacios de control; muy poca se invierte en construir futuro.

La Sección 22 del magisterio resume esa contradicción con crudeza. Durante décadas acumuló un poder suficiente para doblar gobiernos, paralizar ciudades e imponer agenda. Sin embargo, los indicadores educativos de Oaxaca siguen entre los peores del país. El contraste es devastador: una estructura sindical cada vez más fuerte no produjo una educación más fuerte, sino un sistema atrapado entre la presión política y el rezago.

Con la ASAEO podría incubarse una versión similar, ahora montada sobre el transporte y la operación político-electoral. En Oaxaca es sabido que grupos de mototaxistas y transportistas participan en campañas mediante movilización de votantes, propaganda territorial y redes clientelares. No actúan únicamente como sindicatos: operan también como maquinarias de control con capacidad real de influencia en colonias, municipios y procesos electorales.

Lo más alarmante es la cercanía entre algunos de estos grupos y el poder público. Cuando dirigentes señalados por prácticas violentas o irregulares aparecen junto a funcionarios, la sospecha deja de ser sospecha y se convierte en evidencia política: no estamos ante adversarios, sino ante aliados tácticos. Y cuando esas organizaciones son integradas a mesas institucionales, el mensaje es demoledor: en Oaxaca pesa más la capacidad de presión territorial que la fuerza del estado de derecho.

A ese cuadro se suma la presión fiscal sobre una sociedad ya empobrecida. Mientras comerciantes, pequeños empresarios y ciudadanos cargan con más impuestos, multas y cobros, crece la percepción de que el verdadero interés del sistema no está en producir riqueza ni en garantizar derechos, sino en sostener estructuras corporativas y burocráticas que administran el conflicto, capturan espacios públicos y sobreviven de la tensión permanente. Nos roban desde el poder institucionalizado y desde los poderes fácticos.

¿Qué hará el ciudadano común y corriente cuando por un lado la sobrerregulación municipal asfixia la economía, su policía vial se comporta como un cártel extorsionador y, por el otro lado se alía con personajes de dudosa reputación en agrupaciones mafiosas?

Oaxaca avanza, peligrosamente, hacia una explosión social provocada por altos impuestos y extorsiones mafiosas. El gobierno conserva la legalidad formal, pero comparte en los hechos el control territorial con organizaciones que regulan calles y actividades económicas mediante extorsiones, cobro de piso o la policía vial. La consecuencia no es sólo económica, es una degradación moral cuando los grupos de presión valen más que las instituciones, la democracia se vacía y el ciudadano pierde sus derechos para convertirse en rehén de mafias, policías, jueces, clientelas y pactos de conveniencia.

nestoryuri@yahoo.com

CARPE DIEM

Improvisación y agravio

NÉSTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS

¿Quién fue realmente el festejado? La pregunta no es retórica ni ociosa. En el aniversario 494 de la elevación de Oaxaca al rango de ciudad, la conmemoración oficial pareció desdibujar a su protagonista natural, nuestra capital, para colocar en el centro a figuras políticas de tercero y cuarto nivel, ajenas a los oaxaqueños y, en algunos casos, vinculadas a episodios oscuros de destrucción, como el 2006.

El desdén institucional se manifestó desde la organización misma. Apenas unos días antes de la fecha conmemorativa, la autoridad municipal no contaba con una lista definida de los galardonados. A ello se sumó una decisión tan reveladora como incomprensible: el cambio de sede. El evento fue trasladado del Teatro Macedonio Alcalá, espacio apropiado y digno del peso histórico de la efeméride, a un salón de cabildos reducido, incómodo y carente de simbolismo. El resultado fue doblemente elocuente: no solo se devaluó el significado del acto, sino que ni siquiera logró convocar a una asistencia significativa. El vacío físico reflejó un vacío más profundo: la falta de interés del “pueblo”.

La comparación con celebraciones pasadas resulta necesaria. Fue precisamente un aniversario de la ciudad el que dio origen al llamado “Homenaje Racial”, antecedente de la Guelaguetza, una de las expresiones culturales más relevantes del continente. Aquella visión supo articular historia, identidad y proyección internacional. Lo ocurrido este año, en cambio, transmite una preocupante falta de conciencia histórica y de sensibilidad política.

No puede entenderse este episodio sin situarlo en un contexto más amplio de desgaste entre la autoridad municipal y la ciudadanía. El rechazo no es circunstancial; es acumulativo. A inicios de este año, el ayuntamiento implementó incrementos desproporcionados en los derechos y trámites municipales, más de 800 en su catálogo, con alzas que en algunos casos alcanzaron el 100%. En una economía tan frágil como la oaxaqueña, estas decisiones no solo resultan insensibles, sino políticamente torpes.

A este malestar se suma el desempeño de la policía vial, percibida por amplios sectores de la población como un cuerpo más enfocado en la recaudación arbitraria que en la regulación efectiva del tránsito. La proliferación de infracciones dudosas, la ausencia de criterios claros y la falta de resultados en materia de movilidad y seguridad alimentan la imagen de corrupción cotidiana que erosiona aún más la legitimidad institucional.

La pregunta inevitable es: ¿dónde se refleja el incremento en la recaudación? La verdad generalizada es que no existe una correspondencia visible en servicios, infraestructura o mejoras urbanas. Cuando la mayor parte del presupuesto se destina al sostenimiento de la propia burocracia, la gente difícilmente encontrará razones para confiar en sus autoridades.

En este contexto, la selección de los personajes homenajeados adquiere un significado particularmente burlón. Otorgar reconocimientos en nombre de la ciudad a figuras sin arraigo local ni contribuciones claras a Oaxaca resulta, cuando menos, desconcertante. Pero el agravio alcanza su punto más alto al incluir, explícita o implícitamente, a quienes incendiaron la capital en la asonada sindical de 2006. El mentado movimiento social nunca existió. Aquella crisis dejó una huella material y simbólica de destrucción en el corazón de la capital. Para muchos oaxaqueños, rendir homenaje a quienes participaron en ese episodio equivale a un retroceso moral difícil de aceptar.

Las ciudades no solo se administran: también se narran. Y en esa historia los símbolos importan. Importa el lugar donde se celebra, importa a quién se reconoce, importa el tono del discurso y, sobre todo, importa la coherencia entre el pasado que evocan y el presente que no pueden construir. Cuando esa coherencia se rompe, lo que debería ser un acto de identidad oaxaqueña se convierte en decepción e indiferencia.

Oaxaca es, por méritos propios, una de las capitales culturales más relevantes de México. Su historia, su gastronomía y su diversidad la colocan en una posición privilegiada a nivel internacional. Precisamente por ello, necesitamos autoridades a la altura de esa complejidad y de ese prestigio. Lo ocurrido en este aniversario no solo evidencia improvisación; revela una preocupante desconexión entre el poder público y la ciudad que dice representar.

El daño simbólico está hecho. El mensaje ha sido emitido con claridad. Quedará en manos de las futuras administraciones reconstruir no solo la confianza ciudadana, sino también el sentido de dignidad que debe acompañar cada acto público en una ciudad que no es menor, ni ordinaria, ni prescindible. Una ciudad que, por historia y vocación, merece mucho más que superficialidad e indiferencia.

nestoryuri@yahoo.com

CARPE DIEM

Los príncipes del bienestar

NÉSTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS

En México, la desigualdad no solo se mide: se exhibe. A veces con cifras, otras con escenas que la condensan con una precisión incómoda. El episodio en torno al hijo de Marcelo Ebrard —alojado como “huésped” en la embajada de México en Londres— no es un desliz menor ni una anécdota doméstica. Es una radiografía del modo en que el poder, pese a los discursos de renovación, sigue operando como una extensión de los privilegios familiares.

Esto no es un hecho que haya sucedido o nos afecte directamente, pero en nuestro contexto local sirve muy bien para exhibir los contrastes entre la nueva clase principesca que se adueñó del país en nombre de los pobres, y la vida de los verdaderos pobres que luchan día a día para salir adelante. Lo verdaderamente perturbador no es el hecho aislado, sino el contraste que revela.

Mientras algunos se van a hacer investigación de Maestrías y habitan residencias diplomáticas en una de las ciudades más caras del mundo —donde una renta puede rebasar con facilidad las 5 mil libras mensuales—, otros mexicanos construyen su vida desde la intemperie. No como metáfora, sino como condición material.

Con el apoyo de EL IMPARCIAL, el año pasado hicimos la difusión de trabajo de investigación de jóvenes doctorandos oaxaqueños, tanto en universidades locales como nacionales e, incluso, del extranjero. Todas las historia de estos jóvenes son el contraste opuesto a la vida principesca del hijo de Marcelo, quién nos pide que lo justifiquemos porque, según él, solo es un padre comprensivo. Les aseguro que los padres de cada uno de los jóvenes investigadores también lo son, pero la diferencia es que ellos no pertenecen a la aristocracia del bienestar.

Sus historias tienen casi todo en común, algunas más extremas que otras. Tomados al azar del archivo hemerográfico recordamos al Doctor en Matemáticas Juan Vásquez Aquino, ex alumno del SUNEO. Nació en la 9ª Sección de Juchitán. A sus 4 años mataron a su padre y, para sobrevivir, su mamá lo puso a vender frutas desde ese momento, al igual que a sus otros hermanos. Su lengua materna es el zapoteco que, en su caso y para cuando tuvo que dejar Oaxaca, fue motivo de burlas y discriminación.

Admirable el caso de Martha Roxana López Pérez, ex alumna del CIIDIR, que nació en medio de la adversidad en una comunidad tan pequeña que ni siquiera aparece en los mapas. Se llama Zaragoza Siniyuvi y es una agencia municipal de San Pedro Siniyuvi, Putla, que está a una distancia de siete horas desde la capital oaxaqueña. También para ella su lengua materna, el mixteco, fue una desventaja que supo transformar en una gran oportunidad. Contra todo pronóstico y con muy escasos medios se convirtió en una gran investigadora sobre los quelites, una maravillosa planta que es la base de la alimentación de muchas comunidades.

Otro oaxaqueño de excelencia, Erick Daniel Cruz Mendoza, un Doctor especializado en la Comunicación de la Ciencia por el prestigiado instituto FLACSO. Hijo de un trabajador del volante y oriundo de Ixcotel, con el apoyo de su familia y las escasos recursos de que podía disponer, ha llegado tan alto que puede publicar sus ensayos en revistas indexadas de nivel internacional en las que no cualquiera puede.

Así como ellos, tenemos las historias de Edith Bernabé, increíble investigadora del área de la genética, o Alberto Rosales, un extraordinario astrofísico que trabaja con un equipo internacional en la universidad La Sorbona de París. Estas cinco historias de superación anulan toda justificación de Marcelo Ebrard, a quien solamente se le puede catalogar como cínico y mezquino.

La sociología ha descrito este fenómeno con precisión. Pierre Bourdieu lo llamó “reproducción social”: los privilegios no desaparecen, se transmiten. Se vuelven capital cultural, contactos, oportunidades que parecen naturales, pero que están profundamente condicionadas. La nueva aristocracia mexicana ha convertido, como lo hizo el PRI, al gobierno en patrimonio propio y de uso personal.  El caso del príncipe Ebrard encaja con precisión: no hace falta demostrar ilegalidad para advertir el abuso. Basta con observar quién puede acceder a ciertos beneficios y quién no. Nuestro jóvenes investigadores son ejemplo de precariedad y lucha por subsistir.

Y al caso del príncipe Ebrard hay que sumar el de los príncipes Bartlet, Noroña o López Beltrán. También las princesas Monreal, Alcalde o “dato protegido”. Todos ellos viviendo para el pueblo y por el pueblo. El columnista José Luis Martínez de Milenio los define muy bien: son los “jijos” del bienestar.

Por eso, cuando desde el poder se solicita comprensión para justificar privilegios familiares, el mensaje no solo resulta contradictorio: es profundamente ofensivo y no, no necesitamos más retórica de superioridad moral.

nestoryuri@yahoo.com

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La seguridad que se presume… pero no existe

NÉSTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS

La semana negra que acabamos de atravesar desmiente el oasis del discurso oficial: no somos el 5º estado más seguro del país y, en desapariciones, las estadísticas van hacia arriba. La realidad nos cuenta una historia muy diferente, tanto la que viene del púlpito mañanero como la que se intenta construir desde el púlpito primaveral. No se puede ocultar la realidad detrás de cifras triunfalistas ni con ajustes metodológicos en el conteo. La manipulación de cifras es violencia psicológica desde el gobierno.

Los datos oficiales nos hablan de más 132 mil desaparecidos. De ellos, alrededor del 36% —más de 46 mil casos— no pueden ser buscadas porque carecen de información mínima para iniciar una investigación. No es un dato menor, es el colapso estructural del propio gobierno que, al dejar sin nombre, sin contexto, sin fecha o lugar, la persona desaparecida queda en una especie de limbo burocrático: no solo están desaparecidos, tampoco existen en los registros del Estado.

Un gobierno que presume avances espectaculares en el combate al crimen que su antecesor abrazó, pero que admite que no tiene ni siquiera registros de un tercio de ellos, muestra una más de las contradicciones y mentiras que caracterizan al régimen de la 4T.

Si a nivel nacional existe un colapso estructural en materia de seguridad, en Oaxaca la situación es igualmente preocupante. Reportes de las desapariciones se están acelerando y, del total de registros existentes desde hace décadas, en los últimos seis años, dos de Murat y los que lleva la primavera local, el crecimiento ha sido de un desorbitante 73%. Con estos cifras alarmantes no está de más preguntarse ¿Dónde está el Oaxaca seguro que se presume?

El gobierno responde a esa pregunta de una manera “creativa”, por no decir falsa. Su secreto está en la forma en que construyen sus cifras y estadísticas. La federación ha optado por fragmentar el universo de personas desaparecidas en categorías que reducen artificialmente la magnitud del problema: quienes no han tenido actividad, quienes sí registran movimientos administrativos y, finalmente, quienes carecen de datos suficientes. Esta última categoría —el 36%— funciona, en los hechos, como un espacio de dilución estadística. En palabras muy sencillas: no es que no existan, es que no los cuentan.

Manipulando números, palabras y descripciones pueden presentar una cifra más baja de desapariciones reales al quedar miles de personas en registro incompletos. Esta manipulación es la politización del dolor que se esfuerza en hacer que el problema se vea menor, pero no se esfuerzan lo suficiente en resolverlo.

Si en el terreno de las desapariciones la realidad se diluye en registros incompletos, en el de los homicidios la distorsión es aún más evidente: los datos oficiales no coinciden con los hechos documentados.

Al cierre de marzo, Oaxaca se ubicó entre las tres entidades con más homicidios diarios en el país. No se trata de una percepción, sino de un patrón sostenido. El 4 de marzo, por ejemplo, los reportes oficiales registraron cuatro asesinatos, pero la documentación periodística identificó al menos siete, lo que colocó a la entidad en el primer lugar nacional ese día, empatada con Guanajuato

No fue un caso aislado. Lo mismo sucedió el 27 de marzo: solo 4 homicidios según las cifras oficiales, pero 7 en los hechos de acuerdo con la información publicada por EL IMPARCIAL. Esto muestra un patrón de conducta oficial: la constante no solo es la violencia, sino la diferencia entre lo que ocurre y lo que reportan. El intento de manipulación a través de una narrativa falsa es evidente.

La violencia no responde al discurso, que los reduce a enfrentamientos entre grupos criminales. Los reportes periodísticos muestran otra cosa: ejecuciones múltiples en espacios públicos que incluyen civiles, menores y hasta familias completas.

Eso fue en marzo, en abril, en apenas 3 días, Oaxaca concentró alrededor del 10% de los homicidios registrados en todo el país, una proporción desproporcionada para una entidad que presume estar entre las más seguras. El número de homicidios se ha mantenido de forma constante entre los más altos del país. No es que no haya violencia, es que el gobierno insiste en minimizarla.

Si de algo carece este gobierno es de credibilidad. El ejercicio de revocación de mandato lo confirma. Y con eso y todo insisten en un subregistro que, más que una falla técnica, es una herramienta política. Tanto al gobierno federal como al estatal no les creemos que disminuyan los delitos, se trata solo de una tramposa redefinición. Están administrando la violencia para heredársela al siguiente gobierno.

COLOFÓN.

Mientras el gobierno estatal convoca a apoyar al régimen cubano, la familia oficial se va de compras a Los Ángeles.

nestoryuri@yahoo.com

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Expropiar: robo institucionalizado

NÉSTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS

La discusión sobre una nueva ley de expropiación en Oaxaca es, también, en el fondo, un debate sobre la relación entre el individuo y el poder. Cada intento por ampliar las facultades del Estado para apropiarse de bienes privados revive una vieja tensión en la historia de México: la que enfrenta la libertad individual con la vocación de autoritaria del populismo.

El origen de esta disputa se remonta a la Constitución de 1917. Figuras como Venustiano Carranza intentaron preservar una tradición liberal que reconocía la propiedad como un derecho inherente al individuo, heredada del siglo XIX juarista. Sin embargo, el empuje de sectores más radicales, representados por Francisco J. Múgica, terminaron por imponer el actual artículo 27, que establece que la propiedad de la tierra y los recursos corresponde originariamente a la Nación: el colectivismo por mandato constitucional.

No es un detalle menor. Implicó abandonar la idea de que el Estado protege la propiedad para sustituirla por otra en la que el Estado la concede. Desde entonces, los ciudadanos dejamos de ser propietarios plenos para convertirnos, en la práctica, en administradores de bienes cuya titularidad última reside en el poder público.

La nueva ley de expropiación en Oaxaca debe leerse bajo esa óptica. No es una innovación aislada, sino la continuación de un andamiaje jurídico que permite al Estado intervenir —y eventualmente despojar— bajo criterios tan ambiguos como la “utilidad pública” o la “función social”. Conceptos que, aunque suenan nobles, carecen de límites claros y quedan a merced de la interpretación del gobernante en turno.

Ahí está el detalle central: cuando la ley depende de la voluntad política, deja de ser un instrumento de justicia para convertirse en una herramienta de poder. La expropiación no solo transfiere bienes; envía un mensaje contundente. Dice, sin rodeos, que en Oaxaca la propiedad privada es frágil y condicionada.

Las consecuencias son previsibles. La incertidumbre jurídica ahuyenta la inversión, frena el desarrollo y complica el futuro. Ningún empresario —grande o pequeño— arriesga su capital en un entorno donde el Estado puede redefinir, en cualquier momento, qué es “socialmente útil” y qué no. Oaxaca, una entidad que ya enfrenta rezagos ancestrales, no puede darse el lujo de erosionar aún más la confianza.

Pero hay algo más profundo que el impacto económico. La expropiación, tal como se plantea, introduce un componente de revancha política y contra la dignidad de las personas. Cuando el Estado paga indemnizaciones basadas en valores catastrales —muy por debajo del mercado— no compensa: castiga. Se disfraza de legalidad lo que, en esencia, es un despojo en despoblado para la gente.

Este mecanismo alimenta una narrativa peligrosa: la idea de que despojar al “propietario” es un acto de justicia. Es una ilusión. La historia demuestra que empobrecer a unos no enriquece a otros, solo generaliza la precariedad. La satisfacción momentánea de ver caer al “privilegiado” suele ser el preludio de un entorno dictatorial en donde nadie tiene garantías

El problema se agrava por la apropiación de los tres poderes en manos del ejecutivo. En Oaxaca, donde el poder judicial carece de autonomía efectiva, la expropiación deja de ser una medida excepcional para convertirse en un instrumento de control. No se trata ya de utilidad pública, sino de conveniencia política.

Desde la perspectiva ética, el asunto es aún peor. La propiedad privada no es solo un bien material: es el fruto del trabajo, del tiempo y del esfuerzo de una persona. Confiscarla equivale, en cierta medida, a apropiarse de una parte de su vida. Como advertía Immanuel Kant, el ser humano debe ser tratado siempre como un fin en sí mismo, nunca como un medio. La expropiación arbitraria invierte ese principio: nos transforma en meros instrumentos de los fines del Estado.

Oaxaca enfrenta una disyuntiva. Podemos optar por fortalecer un modelo democrático donde el Estado actúe como garante de derechos, o avanzar hacia un esquema donde el poder público sea, al mismo tiempo, juez, parte y beneficiario. La diferencia no es menor: en el primer caso hay ciudadanos libres; en el segundo, súbditos condicionados.

La nueva ley de expropiación no debería evaluarse por sus intenciones declaradas, sino por sus resultados y efectos previsibles. Y estos apuntan en una dirección clara: mayor concentración de poder, menor certidumbre jurídica y un desgaste progresivo de nuestra libertad económica.

En nombre de la utilidad pública, se corre el riesgo de vaciar de contenido el derecho de propiedad. Y cuando ese derecho se debilita, lo que está en juego no es solo el patrimonio de algunos, sino la libertad de todos.

Expropiación es corrupción.

nestoryuri@yahoo.com

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Margarita Maza: entre la austeridad vivida y la austeridad fingida

NÉSTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS.

El 28 de marzo se cumplirán 200 años del natalicio de doña Margarita Maza, y persiste dentro del oficialismo la tentación de seguir recordándola como una figura decorativa de la Historia nacional.  Pero si algo nos enseña su biografía es que, cuando el poder es auténtico no necesita un púlpito mañanero para manipular.

La imagen que la historia oficial construyó de Margarita es la de la esposa ejemplar, abnegada y sufrida, la justa extensión moral que necesitaba Benito Juárez. Fue mucho más que eso, su vida estuvo en los límites: exilio, persecución, muerte de sus hijos, precariedad económica. Soportar esta vida nos enseña que, para ella, la República fue una causa que vivió en carne propia y no en la hipocresía de la austeridad obradorista que la convirtió en una falsa narrativa manipuladora.

No se cansó AMLO de usar a Juárez como un recurso decorativo de su discurso y postura ideológica, con el continuismo que padecemos hoy con Claudia Sheinbaum. La llamada austeridad republicana se presenta como heredera directa del juarismo, como si existiera una línea ininterrumpida entre el siglo XIX y el XXI. Pero esta comparación suele omitir lo esencial: la diferencia radical de contexto.

Juárez y los liberales que lo acompañaron ejercieron el poder en un país al borde de la desintegración. La austeridad no era una política pública, era una condición impuesta por la guerra, el exilio y la falta de recursos. Doña Margarita Maza no representaba la austeridad: la padecía, sin presumirla y, mucho menos, de un aparato propagandístico que la amplificara.

Contrasta con lo de hoy, que la austeridad se convirtió en una narrativa política oportunista. Se pregona, se simboliza y se administra como la máscara que usa el régimen para legitimarse y terminar siendo, únicamente, un desgastado recurso retórico.

La diferencia es abismal: una cosa es vivir en la escasez como consecuencia de una crisis histórica y otra es construir, y fingir, una imagen de austeridad como chantaje de legitimación ante su clientela electoral.

Pero el contraste no termina ahí.

La relación entre lo privado y lo público ha cambiado drásticamente. En el siglo XIX, Doña Margarita, operaba desde los márgenes visibles del poder, en un espacio en donde, aunque su acción era real, pero no necesariamente reconocida. Su vida fue en la máxima discreción. Hoy, las mujeres cercanas al poder, y en el poder mismo, no pueden moverse sin un aparato de propaganda que amplifique cada gesto, cada decisión y cada símbolo como un acto de su generosidad personal hacia el “pueblo”.

La llegada de Claudia Sheinbaum marca un quiebre histórico: por primera vez una mujer encabeza el ejecutivo federal. Pero este hecho por sí solo no cancela las preguntas de fondo: ¿Ha cambiado realmente la forma en que se ejerce el poder, o solo ha cambiado quien lo encarna? ¿Se gobierna desde Palenque?

Porque Margarita Maza nos enseñó que el poder no siempre se manifiesta desde donde la Historia dice mirar. Su grandeza no pasó por mañaneras ni decretos, sino en su capacidad de sostener un proyecto de república en condiciones extremas. Nunca buscó ser espectacular, su discreción fue más contundente y efectiva.

Los políticos de hoy dependen cada vez más de lo visible, de la apelación constante a símbolos históricos como Benito Juárez, al que han convertido en una figura recurrente y choteada convirtiendo la Historia en un instrumento en sus manos.

La vida de doña Margarita no encaja en la narrativa de la transformación. Nunca buscó el protagonismo en ningún sentido. No fue un símbolo de su tiempo, aunque si se convirtió en uno mucho después. Recordarla hoy con honestidad implica aceptar que no siempre la Historia es justa ni respalda las comparaciones fáciles. Y, en su caso, su biografía cuestiona una y otra vez el presente. Margarita Eustaquia Maza Parada no solo es una mujer homenajeada, es un símbolo incómodo ante muchas mujeres de la política actual.

Murió prematuramente, supuestamente de cáncer, a los 44 años, poco antes de la muerte de su esposo, en 1871. Fue hija adoptiva del genovés Antonio Maza en cuya casa trabajaba como sirvienta y esposa del mayordomo la hermana de Benito, Josefa. Su muerte fue un suceso y su sepelio en el Panteón de San Fernando fue multitudinario. Nadie de la Iglesia católica asistió.

Margarita fue un símbolo de reconciliación. Su presencia, decencia y entereza ayudó a sanar las heridas dejadas en la lucha contra Maximiliano que fue, en los hechos, una lucha entre mexicanos. Su discreción y su silencio dicen más que el poderoso aparato de propaganda oficial del régimen actual.

A pesar de venir de una familia acomodada y ser esposa del presidente de la república, dejó a sus hijos un modesto patrimonio y un nombre limpio.

nestoryuri@yahoo.com

CARPE DIEM

La UABJO militante

NÉSTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS

Durante siglos las universidades fueron un espacio privilegiado para la crítica, la formación del intelecto y la generación del conocimiento. El siglo pasado surgió un modelo distinto: la universidad militante, un movimiento universitario que abandona la neutralidad científica para involucrarse con la transformación política y social. En Oaxaca nos preguntamos si ese ideal produjo una verdadera institución crítica o solo se deformó para convertirse en una estructura subordinada al poder. La UABJO es un ejemplo concreto de esta deriva.

En los años 70 el movimiento universitario planteó la necesidad de transformar una institución que se consideraba elitista, conservadora y ajena a los problemas sociales. Aquellos agitadores creyeron que sus ideales revolucionarios marxistas bastaban para vincular el conocimiento con la transformación social. Aspiraban a una institución crítica, científica y popular. 50 años después vemos que esos ideales son difíciles de defender cuando notamos que la izquierda mexicana está más cerca del crimen organizado que de la academia.

En lugar de consolidar a la institución como un centro de pensamiento crítico y científico, deformaron su misión fundamental. Lo que debería ser un espacio académico es una arena de lucha política del más bajo nivel, propiedad de funcionarios y sindicatos, pero no de los sus alumnos. La institución pasó de formar profesionistas a funcionar como una fábrica de burócratas que parasitan la administración estatal.

La conversión de instituciones académicas a campos de lucha política no es exclusiva de Oaxaca, pero otras universidades se han recuperado y la UABJO no deja de caer. Pierre Bourdieu advirtió que, cuando una institución educativa se aleja de la lógica académica, deja de regirse por criterios de conocimiento y se dedica a operar bajo las reglas de la política.

De acuerdo con José Ortega y Gasset, las universidades deben existir para tres tareas fundamentales: transmitir la cultura, formar profesionales y producir conocimiento a través de la ciencia. La UABJO, por desgracia, se dedica a atender las demandas de sus sindicatos, a servir de trampolín político y a enriquecer a sus altos funcionarios a través de su enorme presupuesto, que lo convierten en patrimonio personal. De producir ciencia a producir burocracia e ideología retardataria.

Alguna vez fue la UABJO una prestigiosa universidad con presencia nacional. Del Instituto que fue su origen surgieron los dos más grandes presidentes que ha tenido México: Benito Juárez y Porfirio Díaz. Hoy día, solo es una institución atrapada entre sus mafias sindicales y la corrupción de sus funcionarios. En lugar de consolidar programas científicos o fortalecer su presencia académica, buena parte de su energía institucional se consume en la lógica del reparto político.

La militancia de la UABJO, bajo este contexto, toma un significado distinto al que se pretendió alcanzar en las mentiras del movimiento universitario porque, al final, no se trató de una militancia intelectual que tomara una postura crítica ante el poder, sino en una militancia política vinculada a intereses del poder al que debía analzar.

La militancia política es abierta y burlona. El Rector actual es militante del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, lo que confirma que la universidad opera más como una extensión del sistema político que como una institución autónoma dedicada al conocimiento.

Cuando una institución se alinea con el poder político pierde la distancia y la legitimidad crítica que debe definirla ante el poder. Pasa de ser un espacio de debate y reflexión a ser un mero instrumento y comparsa del gobierno.

Max Weber alguna vez habló sobre la sana distancia que debería haber porque el trabajo académico exige una ética distinta a la de la política: la ciencia busca la verdad y el conocimiento, mientras que el político busca poder e influencia. Confundir estos espacios es crear un monstruo propagandista.

Los políticos desprecian el potencial de los estudiantes a los que deberían darles una institución como instrumento de desarrollo intelectual y, por tanto, económico. Lo que tenemos en cambio es un profundo rezago educativo, tanto el que provoca la Sección 22 como el que fomenta la UABJO. Esto es una traición desde el propio gobierno hacia los oaxaqueños.

La universidad pertenece a la sociedad que la financia. Su misión no es estar al servicio de los sindicatos, ni de grupos políticos y, mucho menos de partidos. La UABJO hace mucho que perdió su proyecto educativo y solo es un campo de lucha por el poder político.

La militancia de la UABJO no es con la ciencia y la academia, es con un partido político al que todos los días le brotan los nexos con el crimen organizado.

nestoryuri@yahoo.com

CARPE DIEM

Se fue Marx, ¿Para cuándo el PTEO?

NÉSTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS

La pregunta inevitable es incómoda: ¿Podrá un alumno educado bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) o el PTEO competir por una beca internacional de ingeniería, desarrollar software o insertarse en sectores tecnológicos altamente especializados? En un mundo definido por la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la automatización, la reducción del énfasis en el pensamiento lógico y matemático no es una postura pedagógica menor; es una decisión que impacta directamente en la movilidad social.

La reciente salida de Marx Arriaga de la SEP no es un simple relevo burocrático, expone la orientación ideológica que ha tomado la educación pública. Arriaga no fue un funcionario menor: fue el rostro visible de la NEM y del llamado “humanismo mexicano”, la narrativa pedagógica del obradorismo

Marx sustituyó el indispensable debate educativo por una convicción doctrinaria. Bajo el discurso de combatir la educación “neoliberal”, la SEP impulsó un modelo que deliberadamente se distancia de la educación por competencias, del énfasis en el mérito académico y de la preparación técnica orientada al mundo contemporáneo.

La NEM privilegia el comunitarismo. En principio, podría parecer positivo: la educación no debe producir individuos aislados ni insensibles a su entorno. Sin embargo, el problema es que sustituyen la enseñanza por el adoctrinamiento. El modelo de “campos formativos” va contra la enseñanza de matemáticas, ciencias y tecnología. El alumno deja de dominar disciplinas para abordar proyectos comunitarios que lo dejan sin herramientas académicas solidas.

El “humanismo mexicano” sostiene que la escuela debe priorizar lo colectivo sobre lo individual. Se pondera lo público, la ética comunitaria y el compromiso social, pero cuando los contenidos educativos se alinean explícitamente con una doctrina política -la lucha contra el neoliberalismo- la escuela se convierte en un campo de manipulación de la conciencia.

En este punto aparece Oaxaca.

La relación entre la Nueva Escuela Mexicana y el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO) es más estrecha de lo que oficialmente se reconoce. El propio gobierno federal ha admitido que la reforma educativa tomó inspiración de experiencias pedagógicas desarrolladas en estados con fuerte presencia de la CNTE. El PTEO, impulsado por la Sección 22, comparte el enfoque comunitario, la crítica al modelo de evaluación académica y la autonomía docente frente al Estado.

En lo político, la coincidencia es conveniente. Para el gobierno federal, integrar estas propuestas legitima su discurso de transformación, para el gobierno estatal, mantener la alianza con la 22 garantiza gobernabilidad. Pero el costo lo pagan los estudiantes.

Oaxaca tiene los niveles educativos más bajos del país y la escuela debería ser el principal mecanismo de igualdad. Sin embargo, la mezcla entre la NEM y el PTEO crea un sistema donde la prioridad no es elevar el rendimiento académico sino reforzar una visión comunitaria de la educación. La enseñanza de saberes locales, historia regional y prácticas comunitarias tiene valor cultural, pero no puede sustituir el aprendizaje riguroso de ciencias, matemáticas y habilidades digitales.

El discurso oficial rechaza la “competitividad” por considerarla individualista. Sin embargo, la competencia académica no es egoísmo: es la posibilidad de que un estudiante de origen humilde pueda ingresar a la universidad, obtener una beca o acceder a empleos de alto nivel.

La alianza entre gobiernos y la Sección 22, en los hechos, ha consolidado un modelo educativo nocivo para Oaxaca. Mientras otras regiones del mundo refuerzan la enseñanza STEM y la alfabetización digital avanzada, los estudiantes oaxaqueños reciben una educación crecientemente orientada al entorno inmediato. El resultado puede ser paradójico: en nombre de la justicia social, se perpetúa la desigualdad estructural.

La educación pública debe formar ciudadanos críticos, pero también profesionales capaces, aunque sabemos que para la 4T lo importante es la lealtad más que la eficacia. Cuando la escuela se convierte en vehículo de adoctrinamiento político, pierde su función. El riesgo no es ideológico, es social. Una generación sin herramientas científicas ni tecnológicas suficientes no queda liberada del mercado; queda excluida de él.

La salida de Arriaga es un alivio para la educación pública. Ahora debemos luchar por que en Oaxaca se le quite a la Sección 22 el control de esta. No debemos tolerar que prevalezcan los privilegios de la mafia sindical por encima del futuro de los estudiantes, mucho menos educarlos en la creencia que el mundo se reduce a la pequeña comunidad en que nacieron. Hay que abrir a esos niños los ojos al mundo.

nestoryuri@yahoo.com